El Rincón legal de Anna Artalejo

Desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconociera en una revolucionaria sentencia en mayo del 2014 el Derecho al olvido en internet, han sido muchas las peticiones remitidas al gigante estadounidense Google para que retire determinados contenidos de su motor de búsqueda.

Pues bien, precisamente esta misma semana los ministros de Justicia de la Unión Europea cerraron ayer un acuerdo político sobre la nueva propuesta de Reglamento de protección de datos con la única intención de remozar reglas de hace más de 20 años y que reconoce por primera vez el derecho a reclamar el borrado de información personal perjudicial y no pertinente en internet.

Sobre este acuerdo, Vera Jourova, afirmó que: “Unos altos niveles de protección de datos reforzarán la confianza de los consumidores en los servicios digitales y las empresas se beneficiarán de un único conjunto de normas en los 28 países. Estoy convencida de que podremos alcanzar un acuerdo definitivo con el Parlamento Europeo y el Consejo antes de finales de año»,

Por su lado, el titular español de justicia, Rafael Catalá, declaró que: «Queremos obtener cuanto antes una reforma general en materia de datos personales porque aumentará el control de los ciudadanos sobre sus propios datos y reducirá los costes para las empresas».

Sin embargo, no todos los países miembros han mostrado su entera disposición: Austria y Eslovenia no dieron apoyo al texto. No obstante, en un futuro muy próximo solo habrá un único reglamento válido en toda la Unión Europea que sustituirá a las 28 legislaciones actuales, lo que, según se ha afirmado desde la capital belga, permitirá reducir burocracia, eliminar requisitos administrativos como notificaciones a empresas, y ahorrarse unos 2.300 millones de euros al año. Conjuntamente, según la Comisión Europea, los ciudadanos estarán mejor informados sobre si sus datos han sido pirateados -a ser posible en menos de 24 horas- y las empresas estarán obligadas a notificar a la autoridad nacional de control cualquier violación grave lo antes posible.

El reglamento consolida así, el nuevo derecho configurado por el alto tribunal, el ya famoso derecho al olvido en internet, de forma que los ciudadanos que ya no deseen que se traten sus datos podrán pedir a las compañías su eliminación. Como todo, tiene límites: las empresas podrán rechazar esta petición de eliminación si se demuestra que estos datos siguen siendo necesarios y pertinentes, ya que no es un derecho absoluto.

Respecto a las sanciones en caso de incumplimiento obligatorio, las empresas que no respeten los derechos podrán ser sancionadas con multas que podrían alcanzar el 2% de su volumen anual total de negocio, o un millón de euros.

Estarán sujetas a la nueva normativa todas las empresas que operen en territorio comunitario con independencia de dónde tengan su sede, es decir, Facebook o Google, también estarán obligadas a cumplir.