DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA vs EJECUCIONES HIPOTECARIAS EN ESPAÑA

Por Anna Artalalejo para LawAndTrends.com
No parece importar mucho a la prensa española el último dictamen emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que reprende al estado español por vulnerar el derecho a la vivienda digna, uno de los derechos humanos más fundamentales de cualquier ciudadano residente en cualquier estado que en su día suscribió y ratificó la Carta Internacional de Derechos Humanos.
El pasado 17 de septiembre el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió un dictamen en el que afirmaba que la publicación de un edicto en el tablón de anuncios de un juzgado para entender como iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria viola el derecho a la vivienda al impedir que pueda ejercer su derecho de defensa.
Muchos serán los que recordaran el sonado caso de la ejecución hipotecaria de Carmen Martínez Ayuso, una anciana de 85 años que fue desalojada indiscriminadamente de su casa, lugar donde había residido durante más de 50 años. Fue en noviembre de 2014 cuando sucedían estos hechos, y al mismo tiempo se iniciaban campañas en las redes sociales con la etiqueta “CarmenSeQueda”. Gracias a la ayuda económica que ofreció, ante tal trato vejatorio y el silencio de las instituciones y justicia española, Rayo Vallecano, esta señora actualmente puede disfrutar de una vivienda digna; pero esto no quedó aquí, sino que llegó hasta oídos de la Organización de las Naciones Unidas este caso, y hoy vuelve a ser noticia, quien se ha encargado de afirmar rotundamente que el Estado Español tiene que hacer valer todos los medios posibles para que el afectado de la ejecución hipotecaria conozca de este procedimiento. En este caso, fueron cuatro los intentos de notificación que se dejaron en el domicilio para notificar del procedimiento antes de publicar un edicto en el juzgado.
En el dictamen, la ONU resuelve que los juzgados deben utilizar todos los medios posibles incluidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que el derecho a una vivienda digna es uno de los Derechos Humanos y merece una protección especial. Si bien es cierto que la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 686 de la actual LEC establece que el requerimiento de pago y las notificaciones deben realizarse en el domicilio que resulte del Registro, y en cualquier caso, se procederá a ordenar la publicación de edictos en la forma prevista en el artículo 165 de esta Ley”.
Sobre lo anterior alega el informe emitido por la ONU que: “puede ser un medio adecuado de notificación judicial acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva“. No obstante, recuerda que lo que está en juego es el derecho a una vivienda adecuada, y que por ende, requiere de una supervisión judicial y una máxima cobertura legal. Añade que: “debe ser una medida de último recurso, en especial con los actos que inician el procedimiento. Su uso debe estar estrictamente limitado a situaciones en que se han agotado todos los medios para practicar una notificación personal; y asegurándose la suficiente publicidad y plazo, de manera que la persona afectada pueda tener oportunidad de tomar real conocimiento del inicio del procedimiento y pueda participar del mismo.”
La publicación de un edicto tras cuatro intentos fallidos de notificación en el domicilio registrado infringe absolutamente y flagrantemente el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, cuyo contenido abarca específicamente, entre otros, el derecho a una vivienda digna.
La Carta Internacional de Derechos Humanos comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos. Estos dos últimos documentos se convirtieron en Leyes Internacionales en el año 1976 y empezaron a surtir efectos entre los estados suscriptores, entre ellos España.
Y en concreto, son los artículos 2 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en vigor desde el 3 de enero de 1976) los que ha infringido la justicia española.
Por su parte, recordar que el artículo 47 de la Constitución Española regula el derecho a la vivienda digna, artículo que por cierto fue producto e inspiración del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ratificada por España-.
Y en relación con lo anterior merece traer a colación la Directiva 93/13/CEE de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en tanto en cuanto se trata de una ejecución de un préstamo hipotecario suscrito entre un consumidor y una profesional- la entidad financiera-, cuyo artículo 7 regula la obligación de los Estados miembros a velar por el interés de los consumidores, exigiendo medios adecuados y eficaces para lograr tal fin.
Es sabido que la reclamación de los derechos debe realizarse ante los tribunales competentes en cada caso: es decir empezando por los tribunales competentes de primeras instancias, pasando por las audiencias y terminando, si cabe, en el Tribunal Constitucional cuando se trata de derechos fundamentales como es el caso objeto en este debate. Pero cuando el Estado y Justicia de un ciudadano deviene insuficiente e incluso puede llegar privar de los derechos fundamentales de una persona, deben acudirse a instancias superiores. En este caso podríamos optar por dos paralelamente: por un lado, el tan aclamado Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y por otro lado, apelar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. En ambos casos, el resultado adoptado pos las anteriores debe ser de obligado cumplimiento por parte del Estado infractor.
Del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenemos ya una reciente resolución que podría haberse aplicado perfectamente en el caso que aquí analizamos, por fechas, básicamente. Se trata de la Sentencia de fecha 10 de Septiembre de 2014 (Asunto C-34/13 Monika Kusionová). Aquí, el Tribunal de Luxemburgo ofrece una ilustración interpretativa sobre el alcance de la protección de los consumidores minoritarios cuando existe una garantía inmobiliaria sobre la vivienda que constituye domicilio familiar, ofreciendo así una interpretación a la aplicación debida de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. La Sentencia concluye que los estados miembros están obligados legalmente a preservar los derechos de los consumidores mediante la adopción de medidas protectoras apropiadas para que se ponga fin al uso de cláusulas calificadas de abusivas. El key issue del fallo del Tribunal de Justicia Europeo del pasado mes de Septiembre radica en que el bien afecto por la garantía de crédito del caso en concreto constituye una vivienda familiar y, la ejecución por parte de la entidad financiera constituye una limitación del derecho a la familia y del derecho a la vida privada. En efecto, en el Derecho de la Unión el derecho a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales, que el tribunal nacional debe tomar en consideración al aplicar la Directiva 93/13/CEE.
Ahora bien, España sigue haciendo caso omiso al veredicto europeo, y por ello caben otras posibilidades. El 5 de mayo de 2013 entró en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que posibilita a cualquier persona o grupo que alegue violaciones a estos derechos y que haya agotado todas las vías jurídicas de sus propios países, presentar sus casos ante el Comité de la ONU de DESC. Y aquí es donde ha llegado el caso de esta señora.
La conclusión de la Comisión no podía ser otra: solicitar a España una reparación efectiva para la afectada. Y al mismo tiempo aprovecha para solicitar se dé una vuelta a la regulación procesal que está en vigor actualmente y que carece de protección cuando se trata de derechos fundamentales. Pide, al fin, que la regulación española “sea conforme” con las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que España es un país firmante.
En temas de derechos fundamentales y humanos, a España le queda mucho por hacer. Según las estadísticas publicadas, entre 2008 y 2015 se han iniciado más de 590.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, aumentando casi un 10% los desalojos de las viviendas en 2014 respecto el año anterior. Ahora cabrá esperar cómo ejecuta el estado español esta reciente resolución, y en cualquier caso acudir y exigir la responsabilidad patrimonial del Estado en virtud del artículo 8 en relación con el artículo 13 y 35 del Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Y para ello merece mencionar la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de enero de 2009, en el caso Iribarren Pinillos contra España.
Una vez que el Comité ya ha declarado que sí existe vulneración al derecho fundamental a la vivienda digna, cabe ahora ver cuál será “satisfacción equitativa” que regula el artículo 41 del mismo Convenio, para subsanar – si se puede, y en parte- el daño causado a causa de la vulneración al que es uno de los derechos fundamentales reconocidos a los ciudadanos: el derecho a una vivienda digna y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Anna Artalejo Rubio

Abogada especializada en Derecho de la Unión Europea e internacional

Navas & Cusí Abogados

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